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La lucha contra la injusticia

Publicado: 2012-02-17

'No más Garzón'. No habrá más Baltasar Garzón en los tribunales españoles; no del lado del juez, al menos. El magistrado que persiguiera corruptos, criminales, terroristas y paramilitares en España, y violadores de derechos humanos a nivel internacional, sucumbió a la 'justicia' de su propio país, al ánimo de revancha del sector más conservador y más amenazado por sus investigaciones. De un sector gobernante, que, frente a la memoria que exige la oposición, prefiere la impunidad.

"Yo no sé si se pretenderá eso o no, pero desde luego lo que sí se quiere es acabar con un modelo de juez. 'No más Garzón' es lo que están pidiendo todo ese conjunto de medios que jalean desde la extrema derecha y desde la radicalidad y el fanatismo más absoluto", había declarado hace dos años al escritor español Manuel Rivas, para un documental sobre su vida. No habrá más Garzón por 11 años —por lo menos—, porque se atrevió a defender "una justicia auténtica, que respeta a las víctimas, que aplica la ley sin miedo a las represalias", como señaló su hija tras la sentencia.

De todos los involucrados en un escándalo de la corrupción masiva, sólo el juez que prosiguió su investigación ha sido condenado. Y falta más.

¿Quién es Baltasar Garzón?

Es uno de los jueces españoles más conocidos a nivel internacional. Nacido el 26 de octubre de 1955 en Jaén, las investigaciones más importantes de su carrera están relacionadas a terrorismo, narcotráfico y crímenes contra la humanidad.

Actualmente espera la sentencia de un juicio por prevaricato —delito contra el buen funcionamiento de la administración de justicia, que castiga a los jueces por emitir resoluciones judiciales injustas— por su intento de investigar los crímenes de la guerra civil española y la dictadura de Francisco Franco (1939-1975), y enfrenta una pena máxima de 20 años de inhabilitación.

Pero Garzón ya está inhabilitado: el 9 de febrero, el Tribunal Supremo de España falló en su contra por ordenar la intervención de las conversaciones que los principales dirigentes de la 'Caso Gürtel’, que incluye figuras del Partido Popular (PP) involucradas en actos de corrupción. La pena: pérdida del cargo y 11 años fuera de cualquier función jurisdiccional en el sistema de justicia español.

El mismo tribunal archivó el 13 de febrero un proceso abierto por prevaricato y cohecho, por organizar unos cursos en la Universidad de Nueva York con el supuesto patrocinio del Banco Santander, al que le archivó una querella por apropiación indebida en el 2006.

¿Cuáles fueron los casos más importantes que investigó?

En 1988, Garzón se puso al frente del juzgado número 5 de la Audiencia Nacional de España, creada para tratar delitos como terrorismo y narcotráfico. Desde esa posición, realizó investigaciones decisivas en la lucha contra el narcotráfico (como la operación ‘Nécora’).

En 1993, tras solicitar un periodo de excedencia de la carrera judicial, Garzón fue elegido diputado del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), y se convirtió en secretario de Estado del Plan Nacional sobre Drogas. Al año siguiente, decepcionado de la política, regresó a la Audiencia Nacional y reactivó el caso GAL, en el que estaba involucrado José Barrionuevo, del PSOE, entonces ministro del Interior.

Además, investigó a la organización terrorista vasca Euskadi Ta Askatasuna (ETA) y a los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), la fuerza paramilitar de ‘guerra sucia’ contra ETA durante la presidencia de Felipe González (1982-1996).

Garzón se hizo mundialmente conocido en 1998, cuando solicitó la extradición del ex dictador chileno Augusto Pinochet —quien se encontraba internado en un hospital de Londres— por la muerte y tortura de ciudadanos españoles en Chile durante su mandato (1976-1983). Pinochet permaneció en Inglaterra bajo arresto domiciliario mientras se decidía su extradición, hasta que el Ministerio inglés de Relaciones Exteriores lo liberó en el 2000 por razones humanitarias.

Otros casos investigados por Garzón relacionados a Sudamérica fueron: las violaciones a los derechos humanos cometidas contra ciudadanos españoles durante el régimen de facto de Jorge Videla en Argentina (1976-1983), por las que los tribunales españoles sentenciaron a los militares Adolfo Scilingo y Ricardo Miguel Cavallo; y las transferencias de dinero ilícito del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) a cuentas a nombre de Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori, para lograr la mayoría de acciones del Banco Continental en 1995.

¿De qué acusan a Garzón?

En el año 2008, Baltasar Garzón se declaró competente e intentó abrir una investigación por la desaparición sistemática de personas del bando perdedor republicano durante la guerra civil española y la dictadura de Francisco Franco, que incluía la apertura de fosas comunes en todo el territorio español. A finales del mismo año, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional lo declaró incompetente.

En abril de 2010, el Tribunal Supremo acogió la denuncia del grupo ultraconservador Manos Limpias, que acusó a Garzón de ignorar la Ley de Amnistía de 1977 —que considera prescritos los crímenes de lesa humanidad cometidos entre el 18 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977—, pese a que la ley internacional los considera imprescriptibles y no amnistiables.

El mismo año, el Tribunal Supremo admitió la denuncia contra Garzón por ordenar grabaciones de conversaciones de los presos con sus abogados durante la operación Gürtel, destinada a desentrañar una red de corrupción que involucraba a decenas de miembros del PP. Además, el juez fue acusado de recibir dinero del Banco Santander para financiar los cursos que impartiera en la Universidad de Nueva York en los años 2005 y 2006, y luego usar su cargo para favorecer a la empresa.

El 10 de abril de 2010, después que se acordara la apertura del juicio oral por prevaricato en el caso de los crímenes del franquismo, el Consejo General del Poder Judicial español lo suspendió cautelarmente de sus funciones en la Asamblea Nacional. El 9 de febrero de 2012, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo lo condenó a 11 años de inhabilitación y la expulsión de la carrera judicial por prevaricato y delito contra las garantías de intimidad, por ordenar las escuchas del 'Caso Gürtel'. Garzón no puede apelar la sentencia.

¿Cuál es la defensa de Garzón?

El juez Baltasar Garzón se proclama inocente en los tres casos. El documental Escuchando al juez Garzón (Isabel Coixet, 2011) reúne las partes más importantes de una entrevista con el juez, que conversa sobre su carrera judicial y se defiende de las acusaciones en su contra.

Para Garzón, la persecución en su contra comienza después del 'Caso Gürtel’: “A partir de ahí, con aquella mascarada que montaron determinados medios de comunicación en torno a la cacería [...] comenzaron el acoso y una persecución implacable en mi vida privada y en la vida profesional, con denuncias y querellas constantes, solo por estar investigando delitos graves de blanqueo de dinero, que era mi obligación como juez”.

El juez indica que se involucró en la investigación de los crímenes del franquismo por la ausencia de una memoria histórica del tema de parte del Estado español: “Lo que me llamó poderosamente la atención, de una forma que me derrotó, fue que después de 70 años en España no hubiera un organismo que tuviera un índice, un documento donde estuvieran identificadas las víctimas”.

Acerca de los supuestos pagos del Banco Santander, señala que todas las entidades bancarias señalan que no ha recibido nada, y que el juez instructor se apoya en que todos han mentido y lo están protegiendo. Añadió que la acusación de prevaricato es “la más grave que se puede hacer a un juez”.

Tras la sentencia por su desempeño en el 'Caso Gürtel', Garzón afirmó que su actuación se ajustó a la ley, y que la resolución "elimina toda posibilidad para investigar la corrupción y sus delitos asociados, abriendo espacios de impunidad".

¿Cuál será la siguiente acción de Garzón?

Además de esperar por la sentencia por el juicio sobre la investigación de los crímenes del franquismo, Garzón ha señalado que ejercerá "todas las acciones que sean pertinentes" frente a la sentencia, y que acudirá a "las vías legales que correspondan" para combatirla. Lo primero: un recurso ante el Tribunal Constitucional.

Esperemos que el ejemplar magistrado, quien ha sido un precursor en la jurisprudencia a nivel internacional de la no-prescripción de delitos de lesa humanidad, encuentre justicia y no sea una víctima de la venganza política en una España que está demostrando que su transición política a fines de la década del setenta no ha terminado.


Escrito por

Liliana Michelena

Periodista. Futbolista. It\'s in my blood.


Publicado en

Especial Garzón

De cómo un juez fue juzgado