¡lluvia de millones!

En el banquillo de los acusados

Publicado: 2012-02-18

Baltasar Garzón es uno de los magistrados más reconocidos en el mundo. En su búsqueda de justicia, atravesó fronteras nacionales e impuso el Derecho Internacional sobre las jurisdicciones nacionales. Pero su carrera se ha terminado en su propio país. Tres causas judiciales —dos resueltas y una pendiente— al hombre que aplicó la justicia sin miedo a las represalias.

CASO: CRÍMENES CONTRA EL FRANQUISMO

Sentencia: Pendiente

El jueves 16 de octubre de 2008, Garzón se declaraba competente para investigar los crímenes del franquismo en tanto que crímenes contra la humanidad, aunque poco después se inhibió en favor de los juzgados territoriales donde se encuentran las fosas de las víctimas. El instructor de la causa Luciano Varela aseguró que Garzón "decidió conscientemente ignorar u orillar" la Ley de Amnistía.

Hacia el año 2008, Garzón había investigado delitos contra la humanidad cometidos en el extranjero, pero nunca dentro de su propio país. El 16 de octubre de ese año, el juez se declaró competente para investigar las despariciones forzadas de la guerra civil española y la dictadura de Francisco Franco.

En el auto, el juez explica que la Ley de Amnistía de 1977 —que considera prescritos los crímenes de lesa humanidad cometidos entre el 18 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977— no aplica a este caso, porque "cualquier ley de amnistía que buscara eliminar un delito contra la humanidad que no puede catalogarse como crimen o delito político, sería nula de pleno derecho". Además, se apoya en la ley internacional, que los considera imprescriptibles y no amnistiables.

Amparado en la Ley de Memoria Histórica (2006) —por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura—, Garzón también disponía la apertura de fosas comunes en todo el territorio español, en una investigación sin precedentes para descubrir la verdad sobre los crímenes y las víctimas de un periodo cubierto por un pacto de silencio implícito.

Un mes más tarde, el juez se inhibió del caso en favor de los juzgados territoriales donde se encuentran las fosas. En noviembre de 2008, un fiscal y el sindicato de ultraderecha Manos Limpias —al que luego se sumaron la asociación Libertad e Identidad y la Falange Española— acusaron a Garzón de ignorar la Ley de Amnistía, y, en mayo de 2009, el Tribunal Supremo acogió la denuncia.

El 14 de mayo de 2010, el Consejo General del Poder Judicial de España decidió suspender cautelarmente en sus funciones como juez de la Audiencia Nacional a Baltasar Garzón, después que el juez Luciano Varela dispusiera la apertura de un juicio oral por prevaricato.

Tras concluir la prueba testimonial y documental, y realizado el alegato final del magistrado el último jueves, el caso ha quedado visto para sentencia. La pena podría ser de hasta 20 años de inhabilitación.

CASO GÜRTEL

Sentencia: 11 años de inhabilitación y expulsión de la carrera judicial

En el año 2009, Baltasar Garzón inició desde la Audiencia Nacional la 'Operación Gürtel', investigación de una trama de corrupción que implica a miembros prominentes del Partido Popular (PP) acusados de blanqueo de capitales, fraude fiscal, cohecho y tráfico de influencias.

El empresario Francisco Correa, presunto líder de la red, le dio el nombre a la investigación (gürtel significa 'correa' en alemán), en la que se vieron envueltos el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, el ex secretario del PP valenciano, Ricardo Costa, el senador Luis Bárcenas —entonces tesorero del actual presidente Mariano Rajoy— y el diputado Jesús Merino, entre otros funcionarios.

Según lo investigado por Garzón, "en la causa existen indicios suficientes de que los imputados, en unión de otros, establecieron un conglomerado de empresas para nutrirse de fondos de entidades públicas, en particular en algunos Ayuntamientos y Comunidades Autónomas, principalmente de las Comunidades de Madrid y Valencia, para obtener un beneficio propio". El juez envió a prisión a las principales cabezas de la trama: Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez.

El 25 de febrero de 2010, el Tribunal Supremo admitió una querella contra el juez —que presentó el abogado de un imputado en el 'caso Gürtel'—, por prevaricato y vulneración de la intimidad. Durante la operación, y avalado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Garzón había ordenado la intervención de las comunicaciones que los cabecillas de la trama mantuvieron en prisión con sus abogados, al entender que podrían estar tratando de ocultar “millones de euros” en el extranjero. Posteriormente, el propio Francisco Correa —a través de un representante— se sumó a la denuncia. El 25 de marzo de 2010, el TSJM anuló y eliminó del sumario de la investigación todas las intervenciones ordenadas por Garzón.

El 9 de febrero de 2012, el Tribunal Supremo de España condenó a Garzón a 11 años de inhabilitación y la expulsión de la carrera judicial por prevaricato. Según argumentan los magistrados firmantes, Garzón recuperó “prácticas que en los tiempos actuales solo se encuentran en los regímenes totalitarios, en los que todo se considera válido para obtener la información que interesa, o se supone que interesa”.

CASO SANTANDER

Sentencia: Archivado

Entre 2005 y 2006, Baltasar Garzón, disfrutaba de un permiso de la Audiencia Nacional, y organizó unos cursos en la Universidad de Nueva York (NYU) En el 2009, los abogados Antonio Panea y José Luis Mazón, denunciaron que el juez cobró dinero del Banco Santander por el patrocinio de los cursos y, pocos meses después, archivó una querella contra su presidente, Emilio Botín, por apropiación ilícita.

NYU negó que Garzón pidiera el patrocinio del banco, e indicó que fue el centro Rey Juan Carlos I de España de dicha institución la que gestionó los cursos.

El 27 de enero de 2012, el Tribunal Superior desestimó la denuncia por prevaricato —en relación a las resoluciones relativas a sus supuestos patrocinadores. El 13 de febrero, el mismo tribunal archivó la causa por el delito de cohecho impropio —por recibir fondos de distintas empresas—, al considerarlo prescrito.


Escrito por

Liliana Michelena

Periodista. Futbolista. It\'s in my blood.


Publicado en

Especial Garzón

De cómo un juez fue juzgado